Aquella mañana de 2011, en un desayuno en la bella casa del Embajador Luis Ortiz Monasterio, me topé con el entonces diputado por el Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo. Como anfitrión, Luis me acercó al legendario político cuando estaba por retirarse. Tenía unos minutos para explicarle por qué, al lado del latinoamericanista, mi entrañable y fallecido amigo Rafael Campos –cofundador del Grecu en 2009- nos oponíamos a la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).- Mire Eduardo, eso ya está acordado con la Senadora Rosario Green. La Agencia va.
Como Diputado Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Muñoz Ledo cometió un grave error. Dio su aval para que la AMEXCID naciera tuerta, coja, inválida. La dejaron sujeta a la voluntad del secretario de Relaciones Exteriores, le amputaron la posibilidad de ser una agencia de vanguardia por una sola razón: no la dotaron ni de autonomía, ni de patrimonio propio. Lo que hizo Green, quien fuera canciller del presidente Ernesto Zedillo, fue ajustar a un marco legal, una dirección general existente.
Si bien se puede conceder que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo al menos dio un vuelco a las tareas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cierto es que la agencia quedó presa de lo que se le quería liberar. Por un lado, quedar a “sana distancia” del manoseo político, del laberinto administrativo y de la arbitrariedad presupuestal. Por otro, dar orden y coordinación a la dispersión de recursos en los distintos niveles de gobierno. De igual manera, armonizar a los agentes cooperantes.
Otro empujoncito al precipicio
Uno de los pecados de Rosario Green fue querer una agencia controladora, con un poder capaz de regular hasta en dominios de la autonomía universitaria, a efecto de censurar los flujos de cooperación en todo rincón de la patria y de todo el orbe. El otro, fue expulsar de este escenario a la diplomacia cultural, dejándola al garete, flotante. La prueba de este estado de inanición fue la bochornosa travesía de la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural (DGCEC) en la administración de Enrique Peña Nieto.
A casi una década de su creación, y en tiempos de la llamada Cuarta Transformación (4T), la AMEXCID cuenta con un presupuesto casi innombrable para responder a lo que es un principio Constitucional, una facultad y una obligación del Presidente (incluido en la fracción X, del artículo 89). Según el informe de 2019, la agencia ejerció mil 146 millones de pesos, los cuales se distribuyen en diferentes fondos y mecanismos de cooperación.
No menos relevante es la terquedad de seguir aislando las relaciones culturales del contexto de la cooperación, así como de modelos más avanzados de gestión, como lo constata la anulación de la DGCEC para dar paso a una Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, que recientemente estrenó una “plataforma digital” con un cuadernillo que anuncia el “Sistema Regional de Diplomacia Cultural”. (Al respecto ver mis artículos Diplomacia cultural de la 4T en cuatro tiempos, de octubre 10, de 2019 y Las 113 contrataciones de Marcelo Ebrard; 21 a la diplomacia cultural, del 2 de febrero de 2020, en este blog).
De esta forma, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, con la operación política de su bancada en el Congreso y la férrea disciplina del canciller Marcelo Ebrard, no tiene el menor pudor al proponer abdicar a las facultades y obligaciones que le confiere la Constitución en la fracción X del artículo 89. En lo que quiso ser un albazo del Grupo Parlamentario encabezado por Mario Delgado en la Cámara de Diputados, el “paquete” de iniciativas del pasado 19 de mayo incluye entre muchas otras, las reformas a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de los artículos 10, 28, 34 a 38 y 42.
Sencillamente es suprimir no solo el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, también dejar sin sentido la existencia de la misma AMEXICID, en virtud de que le inmoviliza para agrupar fondos, sumarse a otros y le reduce a la movilidad de una asignación presupuestal ya de por sí precaria.
En la “congeladora” por el momento, al lado de otras amputaciones como la del FIDECINE y de diversos fideicomisos del Conacyt, el “paquete” se perfila a ser consumado en la discusión del paquete económico del 2021. Más allá de las urgencias de la austeridad republicana, de la lucha contra la corrupción y de la atención que demanda la emergencia sanitaria por el coronavirus, estamos ante una expresión más de un cambio de régimen que violenta el orden constitucional como le viene en gana… Para no ofrecer nada a cambio.