Los análisis y testimonios a los que he podido acceder, coinciden en señalar que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha incumplido algunos artículos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al haber concedido inmunidad diplomática a la Casa de México en España.
También resulta concluyente que el Ayuntamiento de Madrid dio una interpretación cuestionable a sus normas, a efecto de facilitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto y del canciller Luis Videgaray, que la concesión demanial pudiera trasladarse de un gobierno a un particular.
El mandatario Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard, ratificaron los términos acordados.
En el reportaje publicado en el 12 de febrero, así como en las páginas culturales de la revista Proceso (número 2363, del 13 de febrero), se da cuenta del convenio firmado por la entonces embajadora Roberta Lajous y por el empresario Valentín Díez Morodo como presidente de la Fundación Casa de México en España.
Al considerarse el recinto del barrio de Chamberí como parte de la embajada mexicana, queda al amparo de la convención y en particular a las condiciones que se fijan en los artículos 22 y 23. En la norma, la inmunidad diplomática se concede a las instalaciones, los bienes y a los agentes del servicio exterior que las ocupan.
Sin embargo, el convenio no considera a quienes trabajan en la Casa de México como diplomáticos, así como la misma cancillería mexicana no reconoce relación laboral alguna con dichos empleados que dependen de la Fundación. De hecho, la propia Embajada de México en España negó considerar parte de la Representación al centro cultural y de negocios.
Además, la SRE, el ministerio y el ayuntamiento hicieron de lado que una persona moral no puede ser sujeto de las condiciones diplomáticas. La Fundación Casa de México en España es una organización española, financiada con aportaciones de empresas de los dos países, y presidida por un extranjero que no es ciudadano español.
Quienes documentaron a este reportero añaden que, el mismo marco jurídico de la cancillería mexicana, no contempla que un bien otorgado en reciprocidad (recordemos que es la contraprestación al Centro Cultural de España), pueda ser trasladado a un particular.
Tampoco tiene atribuciones para celebrar asociaciones público-privadas.
Desde otras aristas, la Casa se beneficia de la inviolabilidad propia de una misión, se le otorga un valor simbólico de estatus diplomático a sus trabajadores, supone el acceso a gestiones consustanciales al orden bilateral e incluso hacerse parte de los tratamientos fiscales que la convención determina.
Las condiciones diplomáticas de que goza el centro de cultura y negocios de Valentín Díez Morodo, hacen imposible la transparencia en la rendición de cuentas, la intervención directa de la Embajada de México y su Instituto Cultural en el diseño como aprobación de las actividades, igual que le da todas las facilidades para deshacerse de la concesión demanial sin mayores responsabilidades.
Esto implica, subrayan las fuentes, una garantía de indemnización a Díez Morodo y por ello un riesgo de daño patrimonial al Estado. En esa tesitura, los servidores públicos involucrados podrían ser sujetos de la ley de responsabilidades.
Otra particularidad radica en la facultad de la Fundación para el registro de marcas, de protección industrial como intelectual y de autor. Es decir, una persona moral se erige a nombre de un gobierno nacional para mirar por sus intereses económicos observando las leyes españolas y no las de México.
Los testimonios coinciden, a su vez, con lo descrito por este reportero en su texto, como añaden tensiones que no han desaparecido.
En lo conocido, las disputas entre el equipo de Luis Videgaray e integrantes del Servicio Exterior al saberse de la decisión de conceder al empresario Díez Morodo un bien público.
Referimos a quienes resultaba una “innovación” entregar un beneficio de la cooperación entre los países a un particular y aquellos que sostenían que por ser un acto de reciprocidad en el marco del Tratado vigente, debió ser patrimonio de Relaciones Exteriores. En suma, ser el espejo del Centro Cultural de España en la Ciudad de México.
Así mismo, en lo que pareció al inicio una “luna de miel” entre la embajadora Lajous y la designada como representante de Díaz Morodo, a la postre la directora de la Casa, Ximena Caraza, que derivó en sonados enfrentamientos. Las luchas por el control del proyecto alcanzaron enormes presiones en la SRE y aun determinan numerosas incomodidades en la gestión institucional.
El gobierno de España no se opuso a los planes de Peña Nieto y Videgaray, como tampoco llamó a corregir su postura ante la administración lópezobradorista. Por su lado, Marcelo Ebrard ha afianzado su alianza con un poderoso grupo empresarial binacional que, se dice, le será muy útil de alcanzar la candidatura presidencial por MORENA.
Un día de campo
Al frente de los polvorines y supuestas pausas del presidente López Obrador en contra de España, se encuentra el ex gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, quien en unos días asumirá la titularidad de la embajada en sustitución de María del Carmen Oñate.
Conocido por su vena empresarial, así como por sus lazos con Peña Nieto y Díez Morodo, el nuevo diplomático fruto del primor significa el afianzamiento de los intereses económicos privados españoles y mexicanos. De igual manera confirma que el gobierno de la península ibérica no está tan de malas con AMLO: van a su gusto en la relación bilateral.
A diferencia de México, donde la Secretaría de Hacienda publica cada mes de septiembre el Reporte de Donatarias Autorizadas, el Ministerio de Hacienda y Función Pública mantiene bajo resguardo los donativos a organizaciones no gubernamentales. Pese a las numerosas solicitudes de información a esa y otras instancias del gobierno, incluyendo a la ministra María Jesús Montero, no se pudo saber de los recursos operados por la Fundación Casa de México.