A últimas fechas, uno de mis pasatiempos es especular sobre el número de “ciudadanos ilustrados” que tiene el país. Es decir, cuántos mexicanos “la armamos de tos” al apropiarnos de la realidad. En efecto, me refiero al conglomerado que mucho disgusta o escasamente manifiesta agradarle al presidente de la República. Dicho de otra manera, de qué tamaño es la población que, más o menos educada, con pocos o muchos canales de expresión, puede analizar, comentar, discutir, interpelar, ponerse bravos o aplaudidores frente al régimen político que nos gobierna.
Hay varios niveles para intentar atajar la especulación. Por ejemplo, un listado histórico de los becarios del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). Otra fuente, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Una más, los docentes e investigadores de todas las instituciones de educación superior, que puede incluir a los profesores que imparten por asignatura. Claro, es factible considerar a cierta franja de deportistas, comentócratas, reporteros en general, trabajadores de asociaciones civiles, profesionales que laboran en los distintos niveles del gobierno o en las empresas de todo calado. Sin duda cuentan quienes viven fuera de México, cuyos empeños intelectuales poco apreciamos.
De la tarea de depuración de los “cerebros” de una sociedad, seguramente resultarán unos miles o, si gustan, un puñado de millones de personas. Por un ejercicio nada agradable de estimación, son una inmensa minoría frente a una mayoría lejos de los parámetros de formación e influencia en el desarrollo del país. Por eso, el mandatario López no tiene problema tanto en enfrentar a los ajenos a su pensamiento como en apapachar a los próximos. Al trasladar esta reflexión al campo del sector cultural, particularmente a los dominios del aparato institucional (un reduccionismo históricamente insuperable), la especulación lleva a expresiones mínimas: una llamada comunidad que, dispersa, tiene un músculo flácido. Por eso, como al primer mandatario, a la titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal podrán alterarle el ánimo cuando desayuna leyendo noticias, pero en el fondo no le preocupan las distintas expresiones críticas con su manera de conducir el despacho de Arenal (o de Tlaxcala, pues).
La reflexión cobra relieve al especular sobre la pertinencia de la crítica cultural, por así llamarla. Existen evidencias de que las formas de decidir en el gobierno actual no distan de los regímenes por ellos llamados neoliberales: su acción no pondera lo que señalan “sectores ilustrados”, ni yendo de rodillas a la Basílica de Guadalupe. La distancia es insalvable, más profunda que en otros sexenios. Dentro de los escasos recursos con que se cuenta para evitar el abismo están ciertas leyes. En estas semanas, tal como lo puso de relieve nuestro colega Eduardo Nivón Bolán en su texto El turno del Programa Nacional de Cultura (Paso Libre, 29 de julio), el Plan Nacional de Desarrollo se constituye en una flagrante violación a la Ley de Planeación. Y aléguele, así son los caminos inescrutables de la justicia. Así las cosas, la especulación se torna en una suerte de round de sombra, en una práctica generosa a la vez que minúscula, que busca no entrar en desuso.
Carabina 20-20
La conveniencia (que puede interpretarse como impotencia callada ante la herencia neoliberal) hace que el “nuevo régimen” deje correr sin cambio la manera de integrar el “paquete económico”, con sus estructuras, formalidades y tiempos. De esta manera, en septiembre, con el inicio del segundo año de la legislatura del Congreso, nos enteraremos de la propuesta de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2020. En este marco legal, los AMLOístas han resultado más neoliberales que el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa.
Especulamos que habrá pocas novedades para el sector cultural. Dicho anticipadamente por el inquilino del Palacio Nacional, la política fiscal no abrirá más las puertas a la deducibilidad para donativos e “inversiones” culturales; por ello, no solo prevalecerá la tasa vigente, se pondrán más candados a las empresas. Para las asociaciones civiles no hay reversa: sin acceso a fondos públicos, la supervisión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) será feroz (en efecto, pagan justos por pecadores). La Ley del Libro (la cadena de valor) seguirá “chiflando en la loma”. Los fondos destinados al cine y las artes la librarán “por un pelito”, aunque la suma dispuesta no deja de ser objeto de presiones para que se baje. La recaudación de museos y zonas arqueológicas en lo previsto: amén del aumento anual, seguirá el calvario para acceder a esos dineros. Se avecinan impuestos a consumidores de streaming, aplicaciones y comercio electrónico (no lloren). Habrá guillotina sobre más fideicomisos (adiós al del Fonca y al del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías-Fonart). Por lo anteriormente expuesto, resulta inútil hablar de una política fiscal para la cultura, de una Ley de Mecenazgo o de una Ley de Estímulo a las Industrias Creativas. Tan tan.
Y ¡tararán! El presupuesto para la SC tendrá un aumento conforme a la inflación (la fe no mueve montañas). La secretaria Frausto conservará un margen envidiable de millones de pesos de gasto programable y sin problemas para adjudicar al gusto de la inmaculada justicia. A pesar de ello seguirá la compactación de áreas y la reducción de plazas, excepto las sindicales, a cuyos gremios les acotarán más sus prestaciones (ya lo dijo el presidente: es viable reunir en el salario las mismas, en lugar de por separado). Al fin se consumará el regreso de la Dirección General de Publicaciones y Educal al Fondo de Cultura Económica, que es sectorizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No habrá nueva estructura para el Ramo 48, para que se note que el Conaculta tiene larga vida. Se seguirá la ruta conocida del “presupuesto inercial”, como mandan los cánones neoliberales. ¡Bingo! Por segundo año no habrá “etiquetados”; ahora sí el diputado Sergio Mayer, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, no se equivocará. Por ello, la dosis va de nuevo, un fondo “excepcional” de 500 millones (más la inflación si tienen suerte) para programas establecidos. Se reconfirmará, además, que las empresas culturales (los emprendedores) quedan proscritos de una política integral (a la mera hora a lo mejor sale una nueva dependencia en la SC que servirá para taparle el ojo al macho).
Por lo que respecta al Programa Sectorial de Cultura (como le llama la ley injusta que existe para elaborarlo, pero si gustan pueden mencionarlo como programa nacional) no será entregado a los seis meses (es decir, en diciembre). Estará listo en el primer trimestre de 2020, con la venia (que le concede la citada ley) del mandatario López. Para evitar un largo sufrimiento a los “sectores ilustrados”, especulo que no cumplirá con los requisitos básicos de la norma. Poco habremos de preocuparnos de su lectura y análisis, aunque se valdrá hacerlo para mantener a flote la crítica cultural.
Finalmente, los diputados y senadores se enfrascarán en sus recicladas buenas intenciones entre septiembre y diciembre. No se aprobará ninguna nueva ley, no se modificará la Ley de Cultura y Derechos Culturales, tampoco la de Cinematografía. Sobre la Ciudad de México, ni qué valga la pena decir. Hasta aquí llegué. A ver qué especulan ustedes.
9 de agosto de 2019.
