Conforme transcurren los primeros meses del régimen lopezobradorista, la lista de asuntos pendientes del sector cultural se abulta. Uno tiene que ver con las Asociaciones Público Privadas (APP), mediante las figuras de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS), y de Permisos de Administración Temporal (PAT), modelos que se aplican en casos de infraestructura cultural. En una vista general, los PPS dan soporte a la combinación de recursos públicos minoritarios, con una mayoría de inversión privada, que encuentra el interés en un largo plazo para pagar la deuda adquirida por un gobierno. Esto se traduce en una concesión para administrar ciertos servicios del bien público edificado que le permitirá cobrar el adeudo. También es posible acordar pagos al capital aportado. Tal asocio supone la ventaja de contar con liquidez para grandes obras que no pueden costear por sí solos el gobierno federal o los estatales.Una expresión la tenemos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, diseño de Rivadeneyra Arquitectos. La derrama fue de 890 millones de pesos. Lo entregó Enrique Peña Nieto a fines de su gobierno en el Estado de México, en agosto de 2011. Las constructoras Abengoa y Grupo Higa lo edificaron, en tanto que la administración recayó en las empresas Iberdrola y Concecutex en dos momentos distintos. Sin acceso a información por las reservas impuestas, lo que se sabe es que se disolvió la asociación. Este fracaso se atribuye al retiro de Iberdrola, lo cual se tradujo en un enorme pasivo para las finanzas mexiquenses.
En diciembre de 2012 se inauguró en Mérida el Gran Museo del Mundo Maya. Se trata de un negocio asociado al Grupo Hermes de la familia Hank Rohn. El contrato acordado por la entonces gobernadora yucateca Ivonne Ortega termina en 2032. La inversión fue de 773 millones de pesos. En los primeros meses de operación obtuvo dos reconocimientos por la arquitectura diseñada por 4A Arquitectos, de Ricardo Combaluzier.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con un sitio denominado Proyectos México, que contiene 234 APP para 2019. Con infraestructura cultural se relaciona el nuevo Acuario de Mazatlán, con una inversión prevista de 1,525 millones de pesos. La obra está asignada a Abq, constructura del exsocio de ICA, Bernardo Quintana, en combinación con la canadiense Ocean Wise. El contrato previsto es por 30 años. Debido a sus particularidades, se adjudicó a la estadounidense EHDD la arquitectura de las instalaciones. Proyectos México consigna, sin mayor información, el Museo del Mar y Acuario en La Paz, Baja California Sur. Un atisbo se puede consultar en la tesis de maestría que realizó en 2017 Israel Cristóbal Huerta, bajo el título “Estudio de viabilidad financiera para la creación del Museo del Mar y Acuario en B. C. S., México”, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Perdiendo el tiempo
Hasta aquí un panorama que luce poco alentador. El juicio general sobre estas obras de infraestructura cultural indica que el costo de la inversión privada para la hacienda pública está fuera de toda proporción comparado con los beneficios económicos de las empresas inversoras. Además, se carece de los medios de transparencia para conocer los estudios cualitativos, de impacto en la población que se supone es la destinataria. Ante ello, se esgrime que no hay otra manera si se desea una expansión de los servicios culturales en equipamientos de primera generación. Además, en la medida en que las nuevas edificaciones provocan responsabilidades en los presupuestos públicos, su decantación se ve facilitada con plazos largos.
Lo cierto es que las APP para infraestructura cultural están aún lejos de ser un modelo recurrente para apoyar el desarrollo del país. No solo por el diseño de origen neoliberal y por las marcadas contrariedades que han ocasionado, lo cual sin duda podría resolverse. También por la falta primigenia de una política económica para el sector cultural, por la ausencia de planeación y prospectiva, y por la miopía de un nuevo régimen que se niega a una reforma cultural que garantice las inversiones que se necesitan.
En este escenario, recientes equipamientos culturales del gobierno acusan ya graves deterioros físicos o una anemia de recursos financieros para su aprovechamiento. Son los casos de los museos de la Música Mexicana Rafael Tovar y de Teresa, en Puebla; de Arte de Sonora, en Hermosillo; Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en Cuernavaca, y Espacio en Aguascalientes, donde figuras como los PAT podrían ser de enorme utilidad tanto para expandirlos como para garantizar su viabilidad. En la Ciudad de México son ejemplos (no exentos de controversia) los operados por Ocesa, como el Palacio de los Deportes y el Foro Sol.
La cuestión es hasta cuándo nuestras autoridades, la misma comunidad cultural, podrán entender que tanto sin un empresariado cultural (o empresas culturalmente responsables) como sin un conjunto vigoroso de organizaciones no gubernamentales, seguiremos acumulando un subdesarrollo cultural. Para estos desafíos faltan héroes.
