Tras el anuncio del relevo en la dirección de Canal 22, Pável Granados por Armando Casas, vinieron en cascada diferentes escenarios del pasado neoliberal. Del origen, en tanto que, en el proceso de privatización del Instituto Mexicano de Televisión (IMEVISION, que dio paso a TV Azteca), en una trama urdida desde la presidencia salinista, la comunidad cultural “pidió” al mandatario que el 22 se convirtiera en una estación cultural (1991).
El proceso alimentó algunos frentes de batalla. Por un lado, entre los grupos Nexos y Vuelta, cuyo clímax vendría en el Coloquio de Invierno (1992). Entre las consecuencias estuvo la remoción de Víctor Flores Olea de la presidencia del Conaculta.
Por otro lado, hubo quienes vieron en la decisión una incongruencia al considerar que Canal 11 debió ser fortalecido con esa concesión, detalle no menor, ya que el Canal 22 es una empresa paraestatal.
Un frente más fue la designación de José María Pérez Gay como director del naciente canal. Como sabemos, “Chema” fue gran amigo del hoy presidente y su viuda, como refrendo de esa unión, despacha como embajadora de México en Argentina.
La buena mano del escritor y diplomático que fuera asesor del subsecretario de Cultura Martín Reyes Vayssade (SEP, 1986-1988), la abundancia de recursos públicos para sus tareas y la labor conciliadora de Rafael Tovar al frente de Conaculta, permitieron que Canal 22 despegara (1993).
Pronto hicieron colisión los dos modelos coexistentes en la emisora. Quienes conocen de estos manejos, saben que no hay nada más cómodo que recibir subsidios y administrarlos. Hacer lo que se pueda con lo asignado.
En la otra orilla, la concesión otorga facultades para operar comercialmente. Por eso existe un consejo de administración.
En toda su historia, Canal 22 ha tenido directivos dedicados a administrar subsidios y escasamente hábiles para comportarse como empresarios del ámbito público.
Lo que bien caiga, como en su momento Carlos Slim echó mano de esas posibilidades en unos Juegos Olímpicos de Invierno, bienvenido.
Carente de una política empresarial que potenciara la asignación presupuestal del Congreso, la degradación de Canal 22 se sumó a la de todas las instancias del entonces Conaculta y en años recientes, de la Secretaría de Cultura.
No es secreto el nivel de precariedad en el que se encuentra la emisora, la cantidad de problemas laborales, el retraso tecnológico que por momentos hacen intransitable su devenir y la insuficiencia de vías alternas que echen mano de los atributos de la concesión. No pocos creen que sería mejor cambiar el régimen legal.
Los males del Canal 22 también son parte del abandono de los medios públicos. Mis queridos amigos Enrique Velasco Ugalde, ya fallecido, Alejandro Ordorica y Javier Estainou, son conocedores privilegiados de lo que apenas alcanzo a contar en estos renglones.
Los gobiernos posteriores a Miguel de la Madrid, quien creó los institutos de Televisión, Radio y Cinematografía, bajo la lógica neoliberal, optaron por llevar “pausadamente” el abandono de sistemas de radiodifusión tanto en la federación como en los estados de la república.
La lógica, dicha en palabras corrientes, de que “para que quiero medios propios si para eso tengo a los privados”, tiene en el punto de extinción a montones de alternativas de servicio público.
Dirán que ha habido excepciones como momentos estelares de ciertos sexenios. Sin duda han respondido a empeños personales, no ha políticas públicas.
Al acumulado neoliberal se suma el refrendo de la llamada 4T. Ahí tienen a la Agencia Notimex, Radio Educación, el IMER, el SPR, los medios estatales, así como a prácticamente todas emisoras bajo el mando de las universidades públicas.
¿Por qué? Porque la falta de presupuesto al paso de los lustros hace patente su precariedad como la incapacidad de levantarse como líderes de audiencias.
Al final, como convidados de piedra en el banquete mediático, les queda solamente resistirse a su desaparición.