Hay algo en lo que pocos podrán estar en desacuerdo: el nuevo régimen heredó un desastre en el manejo de la administración pública. Se trata de un estado de cosas que instrumentan millones de personas que trabajan en donde se ejercen presupuestos públicos y cuyos costos financieros son, además, altísimos. Para la vida cotidiana es, en una de sus muchas aristas, el cumplimiento de requisitos, la celebración de trámites, la adquisición de hábitos burocráticos. En esa línea, los propósitos que se animan desde tiempos pretéritos: hacer eficiente el empleo del gasto, resolver con solvencia, transparentar la asignación de fondos y reducir el margen de las corruptelas.
En el sistema de compra-venta en todo tipo de institución pública existen procesos especializados. Uno de ellos tiene que ver con la descripción del bien, servicio, producto o mercancía, operación que desde otro abordaje de análisis refiere la redacción del concepto. Dicho de otra manera, son las palabras las que especifican el bien, el servicio, producto o mercancía que se vende a quien lo adquiere. La explicación queda plasmada en un instrumento jurídico, en una factura y/o en un recibo de honorarios por servicios profesionales. Su lógica y contundencia son claves para lo que ha de venir después: la concordancia con la clasificación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la legalidad del medio de pago correspondiente, la evidencia (según el caso), la garantía de lo obtenido (también con sus variantes), la temporalidad y la fiscalización, es decir, la revisión de una autoridad que dará fe del círculo virtuoso que supone aplicar recursos públicos, así como medir su eficiencia de acuerdo a numerosos parámetros.
Por ello las auditorías cobran relevancia, tanta como la percepción social de que hechas las observaciones, poco o nada ocurre después (es decir, los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, contra la aplicación de la ley a efecto de resolver los mismos). Llevar a cabo estos procesos de verificación, sujetos a una serie de marcos legales, no solo supone la intervención de numerosas personas; también impone una ardua aplicación de conocimientos. Ser auditor es una labor titánica. Entraña riesgos así como desviaciones que van, justamente, a lo que supone es su naturaleza: hacer un hecho efectivo la legalidad y la honradez del que audita.
Mientras más avanzamos en la vida de una u otra manera atada a ese tránsito administrativo, más amplio el acervo de comprensión del fenómeno, como la acumulación de anécdotas. Desde esta mirada más ciudadana que de aspirante a auditor, se realizó una solicitud de información a la Secretaría de Cultura (SC) federal. Queríamos saber de los pagos realizados en esa estructura del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019. La respuesta, según el folio 1114100123919, del 25 de octubre de 2019, que arrojó 1622 registros por un monto estimado de 853,662,000 pesos, cuyos expedientes rebasan las 7,200 fojas. Las erogaciones son de muy diversa naturaleza, pero al fin es gasto ejercido. Consideremos que este 2019, la SC habrá recibido 12 mil millones 894 mil pesos, de los cuales 5 mil 611 millones son para servicios personales y 7 mil 282 millones para gasto operativo corriente, es decir, un monto sujeto a comprobación.
Al hacer el análisis nos animó justamente el detalle de la descripción; leer esas palabras por las cuales se dio un pago. Les compartimos algunos casos ilustrativos de esa escurridiza y a la vez determinante redacción.
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De colores
– “Servicios profesionales consistentes en coadyuvar en el análisis de las propuestas artísticas que recibe el Cenart para la integración de los estudios de mercado en el procedimiento de contratación”. A favor de Laura Villamar Benítez por 307,200 pesos.
– “Servicios integrales de telecomunicaciones para el uso de 326 radios portátiles con frecuencia digital, 24 radios base y una estación repetidora con frecuencia digital”. A favor de Seguriradios S.A de C.V por 3,314,951 pesos.
– “Servicios integrales para eventos, boletaje aéreo y boletaje terrestre para la Secretaría de Cultura”. A favor de Viajes Premier por 150 millones de pesos.
– “Servicios profesionales consistentes en coordinar, organizar, establecer, integrar y asesorar para la ejecución del programa de exposiciones, presentaciones culturales, conciertos, ferias y acciones de acceso a actividades artísticas y culturales de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural”. A favor de Homero Fernández Pedraza por 851,905.74 pesos.
– “Servicio de limpieza integral en los inmuebles propiedad o en uso de la Secretaría de Cultura”. A favor de Gerlim S.A. de C.V. por 34,847,479.21 pesos.
– “Servicios profesionales de asistencia jurídica en materia laboral que requiere el sector central de la Secretaría de Cultura”. A favor de Meléndez, López Santoyo y Barrera S.C. por 4,176,000 pesos.
– “Prestación de servicios profesionales consistentes en especialista en el manejo de la voz para diversos segmentos sonoros dentro de las series radiofónicas, especialista temático para dar opinión de un tópico específico dentro de la serie, colaborador que prioriza el orden logístico y de operación y colaborador especialista en la selección de piezas musicales para la ambientación sonora radiofónica, 22 Voz 2 y 22 comentarista en Que no te grillen; 22 coordinación, 22 comentarista y 22 musicalización en Mi otro yo”. A favor de Froylán Mario López Narváez, por 81,282.20 pesos.
– “Prestación de servicios consistentes en coadyuvar a la coordinación, logística, promoción de actividades, desarrollo bibliográfico y multimedia del piso 7 de la Biblioteca Vasconcelos”. A favor de Geney Beltrán Félix por 185,599.98 pesos.
-“Servicios profesionales consistentes en coadyuvar con la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural en la gestión de planes o programas asociados a la atención de proyectos de infraestructura cultural, así como la recopilación, análisis, evaluación e implementación de la documentación necesaria, relacionada con las disposiciones en la materia de reglas de operación y presentación de informes de autoevaluación requeridos por la Secretaría de Cultura”. A favor de María Cristina Artigas Walther por 230,271.07 pesos.
Algunos vislumbres
Lo primero que es importante señalar es que estamos ante una parte del universo del ejercicio presupuestal de la SC bajo la responsabilidad de la Unidad de Administración y Finanzas del llamado sector central. Podrán imaginar ustedes lo que significa conocer a detalle cada pago que se realiza por dependencia. Hablamos de un expediente por caso. Mi lectura arroja que alrededor del 80 por ciento de los registros son contratos por prestación de servicios profesionales (honorarios con personas físicas por tiempo determinado). Normalmente en estas situaciones se trata de adjudicaciones directas a profesionistas independientes para desarrollar actividades administrativas, de gestión cultural o artísticas.
Un lector con cierta agudeza puede dirigir su atención ante evidencias como la compra de vestuario, calzado, prendas y equipo de protección del personal, la cual en la muestra está fraccionada en 8 contratos. En virtud del monto se puede deducir que hayan sido adjudicados de manera directa. Regularmente estas compras se realizan año con año, pero bajo el esquema consolidado.
Los 1622 registros de bienes, servicios, productos o mercancías ofrecen un catálogo de lo que se mueve en ese entorno de la SC. Pagos por publicidad y suscripciones a numerosos periódicos y revistas; compra de garrafones de agua, servicio a equipos de computación, diseño editorial de catálogos, arrendamiento de cajones de estacionamiento, renta de equipos de sonido e iluminación para espectáculos y mantenimiento a elevadores (que se supone se compacta en la renta de edificios). Hay curiosidades: un pago a Premios Metropolitanos, S.A de C.V por concepto de la producción del evento Premios Metropolitanos, por un monto de un millón 160 mil pesos, lo cual se refleja como una prestación de servicio. Uno piensa que se trata de un donativo, pero como no se reúnen los requisitos de donataria autorizada, se le dio vuelta a la contratación que seguramente se adjudicó de manera directa.
En otro orden de hallazgos, además del contrato al despacho Meléndez, López Santoyo y Barreda S.C, hay otro por empresa y concepto “similar”, MLSB, S.C (es decir las siglas de la misma empresa) por un importe de 585, 800 pesos. Destaca otra contratación de un tercer despacho jurídico, denominado UR&G Consultores, para la atención de las observaciones de los órganos de fiscalización, por 3 millones de pesos.
Al ofrecer servicios, la lista consigna algunas asociaciones civiles, sociedades civiles y hasta un organismo internacional, el British Council.
A estas alturas, tanto el lector como quien esto escribe nos sentimos en medio de una enredadera. No es para menos. Los asuntos del orden administrativo de una secretaría de Estado son complejos. Sus entrañas, en las que el manejo presupuestal es un centro vital, no resultan fácilmente accesibles para el común de los ciudadanos, como no pocas veces tampoco para los audaces personeros de la Auditoría Superior de la Federación. Recorrer los velos de la administración pública en cualquiera de los niveles de gobierno no es un entretenimiento ni se refiere exclusivamente con atacar la corrupción o en castigar a los corruptos; es una manera de poner cara a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte, aquello de la herencia de un elefante artrítico que se mueve lentamente. En más palabras del tabasqueño, “nos dejaron un elefante echado, reumático, mañoso, que hay que pararlo y empezarlo a empujar para que camine”. Que así sea: la conversión del elefante en gacela.
